El pasado 11 de marzo de 2021, durante el pleno del Parlamento Europeo, se aprobó una resolución en la que se declaraba la Unión Europea como “zona de libertad para las personas LGBTQI+”, con 492 votos a favor, 141 en contra y 46 abstenciones.
Este hecho que, a priori, es una buena noticia, es la respuesta al retroceso que los derechos de las personas LGBTQI+ estamos sufriendo recientemente en lugares como Polonia o Hungría.
Desde marzo de 2019, más de cien administraciones locales y regionales en Polonia se han declarado libres de ideología LGBTQI, suprimiendo políticas de tolerancia hacia nuestro colectivo, retirando ayudas financieras a organizaciones que luchan por la no discriminación o la igualdad, encarcelando a activistas, prohibiendo manifestaciones del Orgullo o alentando discursos de odio.
Tampoco son positivas las noticias que llegan desde Hungría. Recientemente, sin ir más lejos, su primer ministro, el ultra derechista Viktor Orban, calificó como una provocación la publicación de un libro de cuentos infantiles que trata a sus personajes desde una visión diversa y dijo, literalmente, que los homosexuales tienen que “dejar a los niños tranquilos”.
Pero van mucho más allá, en los últimos tiempos se han hecho reformas para que las parejas de hecho del mismo sexo pierdan derechos frente al resto, para complicarles la adopción o para que las personas trans no puedan cambiar su género en documentos oficiales.
A pesar de todo esto, desde Bruselas se están dando pasos para poner fin a estas prácticas antidemocráticas y tratar de hacer un marco mínimo común para que en toda la Unión Europea tengamos nuestros derechos reconocidos al mismo nivel, sin importar el país donde nos encontremos. Además, se están tomando medidas económicas que condicionan el desembolso de fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho. Lo que está claro es que todavía queda mucho camino por recorrer y no podemos bajar los brazos.
Foto: John Thys/AFP
