Tras meses y meses de arduos debates, el Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI ha sido aprobado en el Congreso. Con 188 votos a favor de los socios de Gobierno, 150 en contra de PP y Vox, y siete abstenciones, el proyecto de ley deberá ahora remitirse al Senado.

Carmen Calvo, figura socialista que ha expresado abiertamente su oposición a esta norma, es presidenta de la Comisión de Igualdad donde ahora se ha tramitado el texto. “Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el ‘no’ de las derechas, que no están nunca para proteger a estos colectivos. He votado en un día difícil la opción más compleja y asumo las consecuencias de mis actos, siempre” declaraba a la Cadena SER. 

Irene Montero, ministra de Igualdad y ferviente defensora de los derechos trans, ha definido la aprobación de esta ley como “la forma más contundente de hacer frente a los reaccionarios y de seguir avanzando en democracia.

¿Qué propone la “ley trans”?

En el año 2005, España se situó a la vanguardia del reconocimiento de los derechos LGBTI con la modificación del Código Civil que hoy en día permite el matrimonio igualitario.

 
El Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI puede sufrir modificaciones hasta su llegada al Senado. Sin embargo, el texto actual tiene como objetivo “medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y eliminación, en los ámbitos público y privado, de toda forma de discriminación; así como al fomento de la participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida social y a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social de estas personas”.

Para ello, el escrito propone:

     

      • El cambio registral del nombre y el sexo en el DNI con aval judicial entre los 12 y los 14, con consentimiento de padres, madres o representantes legales entre los 14 y los 16, y libre a partir de los 16. 

      • Eliminación de los requisitos médicos que hasta ahora eran necesarios para cambiar el sexo en el DNI: llevar al menos dos años con hormonación y un informe médico o psicológico que avalase la existencia de disforia de género. De esta forma, la Ley sumaría su granito de arena a la despatologización de la transexualidad.

      • Para volver a recuperar el sexo anterior a la autodeterminación, el texto actual establece que el primer cambio y el siguiente no requieran nada más que la voluntad, pero que, si hay ya un tercero, sea a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria.

      • Penalización de cualquier práctica, consentida o no, que tenga como fin modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas.

      • Filiación de los bebes de parejas lesbianas no casadas.

      • Prohibición de prácticas que busquen la modificación genital en personas menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario. Esto supone la primera concesión de derechos para personas intersexuales, que ampliará el plazo para que sus familias registren su sexo.

      • Igualdad efectiva en el acceso a los recursos y servicios dirigidos a las personas LGTBI en el ámbito rural, en las mismas condiciones que las personas residentes en entornos urbanos.

      • Estudio del sexilio. Esto es: abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia. En el plazo de un año desde la aprobación de esta ley, a través del Consejo de Participación de las Personas LGTBI, se establezcan los mecanismos adecuados para recabar datos sobre la migración de las personas LGTBI dentro de España.

    La Cámara alta podrá aprobar el texto tal y como va a llegar, modificarlo a través de enmiendas o aprobar un veto. Si ocurriera alguno de los dos últimos supuestos, la iniciativa tendría que volver al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.

    Fuente: El País

    Fotografía: Ricardo Rubio / Europa Press

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